Calculo que ya todos habrán visto en los diarios de hoy la solicitada de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) denunciando “intimidación”, “arbitrariedad fiscal”, “inclumplimiento judicial de la AFIP” y hasta “presión confiscatoria”. Necesito por convicción hacer una crítica y espero que sea constructiva: la forma de reclamar que tienen los medios argentinos no tiene nada que ver con la realidad.
Antes que todo, en ningún momento de la solicitada se explica realmente qué es lo que están pidiendo. Se supone que la continuidad del Decreto 746/2003, que extendía un régimen especial para “empresas de servicios de radiodifusión de televisión abierta, de servicios complementarios de radiodifusión de televisión por cable y satelital, empresas editoras de diarios y revistas y de distribuidores representantes de editoriales de dichos bienes, y a las empresas de transporte automotor de cargas y de radiodifusión sonora”.
Tal decreto suponía que los “importes de las contribuciones patronales sean susceptibles de ser computados como crédito fiscal en el impuesto al valor agregado”. Es decir, descontar del IVA que pagan por vender sus servicios el total de la masa salarial. No era algo menor, ya que en las empresas periodísticas, la participación de la masa salarial en la estructura de costos suele ser más elevada que en el promedio del mercado.
A mi entender, el reclamo de las empresas periodísticas es justo por el rol que tienen en la sociedad. Es decir, es entendible y justificable una “discriminación positiva” en el plano fiscal, aunque dudo que tal mecanismo implementado durante la crisis sea la mejor manera. En efecto, casi ninguno de los países mencionados en la solicitada permiten este tipo de beneficios, tan susceptibles a “vicios”.
Sin embargo, las denuncias por intimidación”, “arbitrariedad fiscal”, “incumplimiento judicial de la AFIP” y hasta “presión confiscatoria” son un tanto exageradas. Los medios necesitan estímulos para sobrevivir y lo necesitarán aún más, pero deben ser un derecho adquirido y no reclamado políticamente. En países como España, Francia y Estados Unidos, a menudo, los estímulos fiscales están orientados a favorecer las inversiones en capital y a solventar medios de información no rentables. Sin embargo, en muchos de los medios argentinos, la estructura de costos es obsoleta y no hay innovación.
La nueva ley de radiodifusión, si bien no trata estrictamente el negocio de los editores de medios periodísticos impresos, debe ser entendida como una oportunidad para insertarse en el debate sobre el financiamiento de los medios y los nuevos problemas y desafíos que tienen en la actualidad, frente al cambio de paradigma que ha traído Internet.
En Argentina sucede algo que no pasa en todos los países: al margen de peleas vacías entre algunos de los medios, los directores y editores tienen una excelente relación en sí, lo que permitiría promover un buen debate y un lobby certero, que al menos yo entiendo está muy lejos de la solicitada de hoy.
Y es una lástima, porque argumentos e historias de intimidación y presión por parte de la AFIP existen. Por ejemplo, aquí hay artículo mejor sobre el tema, también en ADEPA.